La Provincia de Buenos Aires se convirtió en la primera jurisdicción argentina en establecer un marco obligatorio para el uso de inteligencia artificial en el Estado. El Decreto 742/2026, publicado el 14 de julio en el Boletín Oficial bonaerense y firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno Carlos Bianco, aprueba el «Marco Provincial para el Desarrollo, Uso y Gobernanza de la Inteligencia Artificial».
El punto más concreto de la norma: ningún ministerio, organismo descentralizado o entidad autárquica puede desarrollar, contratar, implementar o poner en funcionamiento sistemas de IA sin la intervención previa de la Subsecretaría de Gobierno Digital, designada como autoridad de aplicación.
Qué establece el decreto
El requisito de intervención previa alcanza también a las modificaciones sustanciales de sistemas ya existentes y a las iniciativas financiadas con fondos externos. Nada entra en producción sin pasar por la autoridad de aplicación.
La Subsecretaría de Gobierno Digital, que depende del Ministerio de Gobierno, concentra las atribuciones técnicas del esquema:
- Fijar estándares técnicos y homologar las soluciones de IA antes de su implementación.
- Elaborar un manual para la contratación pública de sistemas de IA.
- Evaluar y gestionar los riesgos tecnológicos asociados a cada proyecto.
- Administrar el nuevo Registro de Inteligencia Artificial.
El decreto mantiene vigentes las Resoluciones 4/25 y 9/25 de la misma subsecretaría para todo lo no contemplado en el nuevo régimen, y crea además un consejo asesor interdisciplinario con integrantes ad honorem y funciones consultivas.
Registro obligatorio y evaluación de riesgos
Todos los organismos provinciales que usen o desarrollen sistemas de IA deberán inscribirlos en el registro, con sus características, estado de situación, modificaciones y cualquier otro dato relevante. Es un mecanismo de trazabilidad pensado para que el Estado tenga visibilidad real de qué sistemas de IA operan en su ámbito.
Antes de habilitar cualquier sistema, el marco exige una evaluación de riesgo e impacto. Esa evaluación debe contemplar los efectos sobre los derechos fundamentales, la calidad de los datos de entrenamiento, la existencia de posibles sesgos, las consecuencias laborales de la implementación y el impacto ambiental y energético del funcionamiento de estos sistemas.
Los principios rectores incluyen transparencia, trazabilidad de los procesos automatizados, supervisión humana en las decisiones, protección de datos personales, seguridad informática, no discriminación y soberanía tecnológica. La norma define a la IA como una herramienta de asistencia para potenciar las capacidades del personal público (no un reemplazo), acompañada de formación continua.
Alcance y contexto: la Agenda Digital bonaerense
El marco es obligatorio para la administración central, los entes descentralizados y autárquicos, los organismos constitucionales y las empresas estatales provinciales. Los 135 municipios bonaerenses quedan invitados a adherir de forma voluntaria.
El decreto se inscribe en la Agenda Digital 2024-2027 de la Provincia, que ya planteaba la creación de un Nodo Tecnológico de IA en el centro de procesamiento de datos provincial, para ampliar la capacidad de cómputo bajo control estatal.
Qué pasa a nivel nacional y en la región
Argentina todavía no tiene una ley nacional de IA. En el Congreso hay proyectos en debate: en abril de 2026 el diputado Diego Giuliano presentó una propuesta de ley marco inspirada en el AI Act de la Unión Europea, y otro proyecto (expediente 0253-D-2026) propone un régimen integral con clasificación por niveles de riesgo y la creación de una Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA).
En la región el escenario es similar: marcos en trámite, pero sin ley vigente. En Brasil, el PL 2338/2023 (aprobado por unanimidad en el Senado en diciembre de 2024) espera su votación final en Diputados; en Chile, el proyecto de ley marco de IA fue aprobado en Diputados en octubre de 2025 y avanza en el Senado.
En ese mapa, el decreto bonaerense no regula al sector privado: ordena la casa propia, con reglas para lo que el propio Estado provincial compra, desarrolla y pone en producción.
¿Regla para el Estado, señal para el resto?
Para quienes trabajan en tecnología en el sector público (o le venden soluciones de IA al Estado), el decreto introduce un cambio operativo inmediato: evaluación de riesgos, homologación y registro dejan de ser buenas prácticas opcionales y pasan a ser requisitos.
La pregunta que queda abierta es si otras provincias (y la Nación) van a seguir el mismo camino, y con qué grado de compatibilidad entre marcos. ¿Les tocó ya implementar IA en un organismo público, o venderle una solución al Estado? Te leemos en los comentarios.
Fuentes
- Canal-AR — Buenos Aires Provincia lanzó su marco provincial para el uso y gobernanza de la IA en el Estado
- Ámbito — El Gobierno bonaerense aprobó un marco para regular el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la administración pública
- InfoPlatense — Decreto 742: la Provincia reguló la inteligencia artificial en el Estado y ningún organismo podrá usarla sin autorización previa
- AgendAR — Buenos Aires puso reglas para la IA. La guerra de Malvinas nos mostró por qué no alcanza
- iProUP — Regulación de la IA en Argentina: entre la innovación y la necesidad de generar confianza
